El 13 de marzo fue arrestado en Santa Cruz; siete días después tuvo una audiencia inicial y ayer se llevó a cabo una declaración crucial que permite a la Fiscalía indagar delitos vinculados a la conspiración en favor del narcotráfico.
El expediente contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset avanzó hacia una etapa fundamental. Ayer, tras una audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria (Estados Unidos), la defensa y la Fiscalía acordaron renunciar al derecho a un juicio expedito, lo que posibilita un proceso más extenso y la eventual incorporación de cargos adicionales y sanciones más severas.
Durante la sesión, el juez Rossie D. Alston Jr. leyó oficialmente los cargos imputados a Marset, enfocados en la conspiración para el lavado de activos. No obstante, el acusado se abstuvo de declararse culpable o inocente, y el procedimiento quedó postergado hasta el 20 de mayo, fecha en la que se realizará una audiencia preliminar clave para evaluar el avance del caso.
El dato más destacado provino del fiscal federal Anthony T. Aminoff, quien indicó que es “probable” la presentación de una acusación modificatoria, lo que implicaría ampliar los cargos actuales. Este recurso es común en investigaciones complejas para añadir delitos adicionales, como narcotráfico internacional o asociación ilícita, más allá del lavado de dinero inicial.
El magistrado advirtió a Marset que de ser hallado culpable por los cargos existentes, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, además de tres años de libertad condicional y multas superiores a los 500.000 dólares.
El proceso judicial en Estados Unidos surge de una pesquisa que vincula a Marset con una red criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, movilizando toneladas de droga y millones de dólares mediante empresas fachada y el sistema financiero global.
Su detención, ocurrida el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, representó un giro en la lucha regional contra el narcotráfico. Tras un operativo de gran escala, fue deportado y entregado a agentes de la DEA, quienes lo trasladaron a territorio estadounidense para responder a cargos vigentes desde 2025.
Previo a la audiencia de ayer, Marset ya había pasado por una primera comparecencia el 20 de marzo, donde se le informaron sus derechos y se formalizó su arresto bajo custodia de los Marshals, sin acceso a medidas alternativas.
El caso posee antecedentes judiciales significativos. Su supuesto operador financiero, Federico Santoro Vassallo, fue condenado en 2025 a 15 años de prisión en Estados Unidos, lo que respalda la hipótesis de una red consolidada de lavado de dinero ligada al narcotráfico internacional que movilizaba fondos mediante medios electrónicos, especialmente desde Paraguay, país que recibía la conexión aérea que el uruguayo gestionaba desde Bolivia, según reveló el megaoperativo Ultranza.
Paralelamente, desde Bolivia, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, advirtió que la caída de Marset no significa el desmantelamiento del fenómeno. “Si se captura a un Marset, probablemente otros nueve están en gestación”, expresó en entrevista con la agencia EFE, señalando que la efectividad de la lucha antidrogas apenas alcanza el 10% en la región. La autoridad reconoció que el uruguayo era un “distribuidor relevante de drogas a nivel mundial” y alertó sobre la existencia de otros objetivos criminales de alto perfil en el país.
De acuerdo con investigaciones internacionales, el imputado operaba en diversas naciones de Sudamérica y Europa, con vínculos con organizaciones criminales como el PCC brasileño.
