suspendiendo toda gestión relacionada con el predio solicitado por la familia Crapuzzi. Esta medida, que comenzó a regir desde este miércoles, también abarca cesiones de terrenos, expropiaciones y trámites administrativos y ambientales ligados a la Alcaldía.
Fernández justificó la decisión en el marco del proceso de transición municipal y aseguró que no se recibirá ni entregará documentación hasta aclarar completamente la investigación en curso sobre el caso. Asimismo, desestimó las denuncias de algunos concejales que afirmaban que la familia demandante avanzaba en la obtención de planos y certificados catastrales del terreno cercano a las cinco hectáreas. Según el alcalde, los solicitantes no cumplieron con la normativa vigente, y entregarles los documentos implicaría poner en riesgo la seguridad jurídica tanto de predios públicos como privados.
La determinación se produce tras las críticas formuladas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien cuestionó la intención de la Alcaldía de acatar una sentencia constitucional que ordena entregar documentos a la familia Crapuzzi. El TSJ presentó denuncias ante el Ministerio Público y abrió procesos disciplinarios por posibles delitos relacionados con resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato cometidos por autoridades judiciales involucradas en el caso.
En redes sociales, Saucedo exhortó al alcalde a desistir de cumplir lo que calificó como una acción prevaricadora y afirmó que esa sentencia vulnera el bloque de constitucionalidad. Por su parte, el alcalde electo Carlos Manuel Saavedra manifestó que la pausa debería haberse aplicado con anticipación durante la transición y reafirmó la defensa del predio en disputa.
Desde la comisión de transparencia del TSJ, Liliana Soria Cuéllar informó sobre la denuncia contra tres funcionarios judiciales por irregularidades en la tramitación del proceso, destacando que las instancias judiciales involucradas excedieron su competencia territorial y mantuvieron medidas cautelares erróneas. Además, la concejala Lola Terrazas cuestionó la entrega de documentos pese a evidenciarse irregularidades y ausencia de titularidad legítima por parte de los demandantes.
Con esta serie de acciones, el Tribunal Supremo de Justicia ha logrado consolidar un frente institucional que busca proteger el terreno del mercado Mutualista, ante la controversia legal y política que genera el caso en Santa Cruz de la Sierra.
