El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las instancias competentes efectuaron la verificación legal correspondiente y detectaron “casos específicos con procesos pendientes ante la justicia boliviana”.
El Gobierno boliviano desplegó un operativo para recibir y atender a los 17 nacionales retornados desde Chile en el marco de la reciente política impulsada por el presidente José Antonio Kast.
Este grupo está vinculado a delitos como “receptación de vehículos motorizados”, “tráfico ilegal de drogas” e “ingreso por pasos no autorizados”, mientras que uno de los expulsados enfrenta acusaciones por “porte ilegal de armas y municiones”.
“El Estado Plurinacional activó de inmediato un operativo integral de seguridad, asistencia y revisión tras la llegada de estos 17 compatriotas desde Chile, asegurando un proceso ordenado, seguro y respetuoso de sus derechos fundamentales”, señaló un comunicado oficial de la Cancillería boliviana.
En coordinación bilateral y conforme a los procedimientos migratorios vigentes, el arribo tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, donde se implementó un operativo interinstitucional con la participación de entidades responsables de materia migratoria, sanitaria y de seguridad, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este despliegue permitió garantizar una atención integral, evaluar el estado de salud de los retornados y aplicar los protocolos establecidos por la legislación nacional, protegiendo así el marco jurídico y la seguridad pública, agregó la cartera de Gobierno.
Por su parte, Chile anunció que intensificará la expulsión de extranjeros sin documentación —uno de los compromisos de campaña del presidente Kast—. Recientemente, las autoridades chilenas devolvieron a 40 personas hacia Colombia, Bolivia y Ecuador mediante un vuelo de la Fuerza Aérea, una medida que se ha mantenido en administraciones previas, reportó AFP.
En cuanto a los casos identificados, la Cancillería boliviana afirmó que aquellos con procesos pendientes fueron remitidos a las autoridades judiciales competentes, garantizando el debido proceso y respetando las garantías constitucionales.
“La diplomacia boliviana ratifica que el Estado garantiza el derecho al retorno de sus ciudadanos, así como la protección de su dignidad y derechos humanos esenciales. Asimismo, resalta que la coordinación interinstitucional posibilita una gestión migratoria ordenada, transparente y responsable”, concluyó la declaración oficial.
“El Estado Plurinacional reafirma su compromiso con una política migratoria fundamentada en el respeto a los derechos humanos, la cooperación internacional y la preservación de la seguridad pública”, finalizó el comunicado.
