En medio de la crisis social que vive El Alto, residentes de distintos barrios se están organizando por cuenta propia, sin el respaldo de la Policía ni la Defensoría del Pueblo, para hacer frente a los grupos violentos que imponen marchas y cierres de negocios. La participación en las movilizaciones es minoritaria y se concentra en algunos de los 14 distritos de la ciudad.
Un audio difundido el lunes en varios grupos de WhatsApp revela amenazas atribuidas a un presunto dirigente de los Ponchos Rojos: “Si no salen a bloquear, va a entrar una comisión a quemar casas”, advierte textualmente. Tres días después, se comienzan a observar signos de desgaste y agotamiento entre los vecinos afectados por el parálisis.
En barrios como Villa Adela, Satélite y Río Seco, comerciantes y habitantes denuncian coerción y presiones para sumarse a los bloqueos. Sin embargo, también surgen acciones de resistencia para desalojar de las calles a los grupos provenientes de otras zonas que exigen el cierre obligatorio de negocios. “Queremos trabajar. No nos pagan por bloquear”, es la consigna más repetida.
El Alto está dividido en 14 distritos —10 urbanos y 4 rurales—, pero los episodios más radicales se concentran en Río Seco (Distrito 14), arteria clave hacia el lago Titicaca, y Senkata (Distrito 7), acceso principal hacia Oruro. Habitantes de otros sectores lamentan que desde estas zonas se impongan bloqueos bajo amenazas de multas que oscilan entre Bs 100 y Bs 200, e incluso con advertencias de ataques a viviendas, según testimonios recopilados por EL DEBER.
Entre las calles cortadas y las amenazas constantes, algunos comerciantes salen en la madrugada para vender productos que lograron ingresar sorteando las barricadas. Durante el día, varios sufren presiones para acudir a los puntos de protesta, bajo el temor de represalias contra sus hogares. “Esto no fue aprobado en asambleas, todo es imposición y se ve la presencia de exdirigentes”, relató un joven vecino vigilando su casa.
Desde la comunidad Chinchaya, al sur de La Paz, una comerciante cuestionó en otro audio las desigualdades en la aplicación de las medidas: mientras algunos sectores son forzados a cerrar, pobladores de Chicani y Hampaturi, zonas cercanas a áreas productivas, continúan vendiendo papa, frutas, carne y huevos sin restricciones.
El lunes pasado fue la jornada más violenta, con saqueos en El Alto y ataques a comercios céntricos. Ese mismo día, manifestantes amenazaron con “marcar” las viviendas de policías involucrados en los operativos de desbloqueo.
“Hemos escuchado esas amenazas aunque no se han concretado; todos los días vivimos con miedo a que ataquen nuestras casas o descubran el uniforme en la mochila. La mayoría de nosotros residimos en El Alto”, contó a EL DEBER una oficial de policía, quien agregó que no se realizaron reuniones específicas para abordar esta situación, pese a que estos riesgos son persistentes y recuerdan episodios similares ocurridos en 2019, cuando grupos afines al expresidente Evo Morales marcaron domicilios.
En una rueda de prensa, el presidente Rodrigo Paz expresó su apoyo a los dirigentes que representan a los distritos para “no silenciar la voz de las mayorías”. Ratificó su disposición al diálogo con los vecinos alteños, pero descartó negociar con los sectores violentos que exigen la reducción de su mandato constitucional.
