El Concejo Municipal ha recibido Bs 9,8 millones de los Bs 18 millones que debía transferirle el Ejecutivo durante los primeros cuatro meses del año. La disputa por dos curules, que se ha intensificado en esta gestión, está afectando al Legislativo, el cual se enfrenta a serias dificultades para cumplir con sus responsabilidades económicas y enfrenta, incluso, problemas logísticos que complican su labor de fiscalización en los barrios.
Los concejales se ven obligados a realizar sesiones en plazas o aceras durante sus visitas a los distritos, debido a la restricción en el uso de edificios municipales. Además, han acusado al alcalde Jhonny Fernández de obstaculizar el desembolso de recursos, indicando que las transferencias se reciben con retraso. Hasta ahora, solo han recibido el 54% de lo estipulado, lo que les ha impedido cubrir salarios y asumir los gastos operativos esenciales del Órgano Legislativo.
Asimismo, sostienen que hay algunas leyes bloqueadas que buscan garantizar la fiscalización y la autonomía de los órganos. Sin embargo, el alcalde desestima estas acusaciones y les insta a centrarse en su trabajo.
El vicepresidente del Concejo, José Alberti, menciona que a menudo se produce un juego de culpas para completar las firmas necesarias para el desembolso. Según la Ley Municipal 1584, el Ejecutivo está obligado a transferir a la cuenta fiscal del Concejo, de manera automática y mensual, los recursos del presupuesto vigente, en diez cuotas. No obstante, en estos cuatro meses, han recibido poco más de la mitad de lo previsto, resultando en una deuda de Bs 8,2 millones hasta el 14 de mayo.
Así se detalla en un informe del Sistema de Gestión Pública. En febrero, recibieron dos depósitos correspondientes a enero: uno por Bs 2,6 millones y otro por Bs 1,9 millones. Sin embargo, en marzo comenzaron los desfases, con un desembolso de Bs 1,5 millones, quedando pendientes Bs 3 millones. En abril, recibieron Bs 2,8 millones, pero faltaban Bs 1,7 millones; mientras que el 12 de mayo solo obtuvieron Bs 1 millón.
El presupuesto anual del Concejo asciende a Bs 54 millones, monto que también cubre los sueldos de los once concejales, cifra que supera el presupuesto de la oficina del alcalde, que es de Bs 31 millones. Con los recursos disponibles, el Concejo prioriza el pago del personal; sin embargo, actualmente se deben dos meses de salario a los 136 consultores y uno a los 246 empleados de planta.
Esta situación ha puesto en aprietos a los concejales, quienes hace una semana se vieron obligados a costear de su propio bolsillo la fotocopia de documentos. Además, han tenido que posponer el mantenimiento de sus vehículos y, en ocasiones, carecen de fondos para cubrir gastos logísticos esenciales para llevar a cabo su labor de fiscalización en diversas zonas. También enfrentan dificultades para cubrir servicios básicos, llegando al extremo de estar al borde de la suspensión del suministro eléctrico, sin poder cumplir con los pagos a las empresas que prestan servicios a la institución.
Normas y Procedimientos
El conflicto también ha obstaculizado el flujo institucional. El pasado viernes, el Ejecutivo no recibió la documentación que el Legislativo intenta entregar desde el 17 de abril, que incluye el reformulado del POA 2025.
Además, hay normativas pendientes. Una de ellas es la ley que busca devolver al Concejo Municipal la capacidad de fiscalización con facultades sancionadoras, lo que le permitiría desde emitir advertencias hasta aplicar descuentos salariales de hasta el 20% e incluso censurar a directores y secretarios que no cumplan con sus funciones.
A pesar de que la Ley 482 y el Decreto Supremo 726 establecen claramente la separación de los órganos, durante la anterior gestión municipal se debilitó el rol fiscalizador del Concejo.
“Si bien existe una ley de fiscalización, durante la gestión anterior se volvió muy laxa. Ahora solo podemos solicitar un PIO (Petición de Informe Oral), y la respuesta puede ser que no es posible. Sin embargo, esta nueva ley nos devolvería esas atribuciones para iniciar procesos sancionatorios en caso de incumplimiento. Solo falta que sea promulgada”, enfatizó Alberti.
Otra normativa que fue objetada por el Ejecutivo es la Ley de Contratos y Convenios. Aunque en 2022 fue promulgada por el entonces presidente del Concejo, Israel Alcócer, el Ejecutivo presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que la declaró inconstitucional.
La ley estipulaba que todos los contratos firmados por el Ejecutivo, cuyos montos fueran iguales o superiores a Bs 30 millones, debían contar con la aprobación del Concejo Municipal. “De haberse aplicado, alrededor de 136 contratos al año deberían haber pasado por el Concejo. Buscábamos que los contratos importantes, como los de recolección de basura, el desayuno escolar, la compra de medicamentos y las obras públicas, fueran revisados, dado que manejan montos significativos”, explicó.
La Respuesta del Alcalde
El alcalde Fernández respondió a los concejales, afirmando que no hay ninguna retención de recursos. “Lo que deben preguntarse es qué hacen con el dinero. Todos los años se les asignan cerca de Bs 50 millones, que constituyen su presupuesto. Mi única función es proporcionarles los recursos y ellos deben esclarecer el uso que hacen de ellos. El presupuesto es anual, no diario, semanal ni mensual, y, conforme a la disponibilidad, se les transfiere lo necesario”, explicó Fernández.
“Cuando finalice el año, revisaremos cómo han utilizado el dinero. Que se dediquen a trabajar estos concejales. Que cesen sus quejas, pues en los últimos cuatro años se les han transferido casi Bs 200 millones”, concluyó el alcalde, quien calificó las acusaciones de políticas.
