La disputa por la propiedad del mercado Mutualista ha alcanzado un punto crítico en Santa Cruz, con un valor estimado de 200 millones de dólares en juego. En medio de la transición municipal, el alcalde saliente Jhonny Fernández enfrenta serias acusaciones de haber autorizado la entrega del plano de uso de suelo y el certificado catastral del inmueble a la familia Crapuzzi, hechos que han generado rechazo entre autoridades y comerciantes locales.
El conflicto mantiene enfrentados al Gobierno Municipal y la familia Crapuzzi en una prolongada batalla legal por un predio de casi cinco hectáreas, valorado en aproximadamente 190 millones de dólares según avalúos oficiales. La concejala opositora Lola Terrazas cuestionó la gestión de Fernández, señalando una falta de defensa ante un patrimonio clave para la ciudad.
Según denuncias presentadas por Terrazas y su colega Luis Alberto Vaca, en plena transición de mando el alcalde Fernández emitió una instrucción para cumplir la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, otorgando la tutela del terreno a la familia Crapuzzi. La orden, emitida el 6 de abril, fue seguida rápidamente por acciones administrativas que culminaron con la entrega de la documentación requerida, incluso antes de la instrucción oficial.
Los ediles solicitaron explicaciones en el Departamento de Planificación, donde constataron que el uso de suelo había sido aprobado seis días antes de la orden impartida por Fernández, lo que pone en duda la legalidad de los procedimientos. Vaca afirmó que no se cumplieron todos los requisitos legales establecidos por la Sala Constitucional Tercera para la entrega de los documentos.
Por su parte, el alcalde electo Carlos Manuel ‘Mamén’ Saavedra confirmó que solicitó una pausa administrativa para evitar decisiones que comprometan los recursos municipales y el patrimonio de Santa Cruz. “No permitiremos que estos últimos días deterioren la ciudad ni su patrimonio”, aseguró, advirtiendo que cualquier acción perjudicial será denunciada públicamente y judicialmente.
Desde la Alcaldía, el vocero Bernardo Montenegro defendió las acciones del alcalde saliente, explicando que la entrega de documentos responde a una sentencia constitucional que exige su cumplimiento. Montenegro destacó que Fernández ha afrontado solo este proceso desde la emisión de la sentencia en julio de 2024, exponiendo incluso su integridad personal.
El abogado de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, sostuvo que los terrenos pertenecen legítimamente a sus clientes y que el municipio ya realizó pagos por otras propiedades, instando a la Alcaldía a cumplir con la ley y los requerimientos fiscales correspondientes.
Este episodio subraya la complejidad y tensión que rodean uno de los activos más valiosos de Santa Cruz, mientras las autoridades buscan resolver el futuro del mercado Mutualista en medio de un escenario legal y político delicado.
