En el trigésimo octavo día de una crisis que paraliza gran parte del país, el presidente Rodrigo Paz advirtió este domingo sobre la acción de “intereses narcoterroristas” que buscan desestabilizar y destruir la democracia boliviana.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario enfatizó: “Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir. Bolivia seguirá de pie”. Este mensaje se enmarca en un saludo de agradecimiento al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien respaldó públicamente al gobierno de Paz el pasado 3 de junio.
El presidente afirmó además que “Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, reafirmando su compromiso para mantener la estabilidad nacional frente a las amenazas internas.
Respaldo internacional en plena crisis
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, también a través de X, manifestó que el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas Contra los Cárteles rechazan cualquier intento de derrocar al gobierno legítimo de Paz. “Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”, subrayó.
Hegseth garantizó que su país seguirá apoyando a sus aliados regionales, incluyendo a Bolivia, para disuadir a los narcoterroristas que lucran con la violencia y destrucción en el hemisferio.
Persistencia del conflicto y consecuencias
La crisis comenzó el 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) convocó un paro general indefinido, seguido por bloqueos carreteros iniciados por campesinos en La Paz que se extendieron a seis departamentos. Actualmente, más de 80 puntos de bloqueo afectan el tránsito y la provisión de bienes esenciales.
Aunque inicialmente las protestas respondían a demandas sectoriales, los sectores movilizados cambiaron su posición y exigen únicamente la renuncia del presidente Paz, rechazando los múltiples llamados al diálogo.
Esta situación ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades, así como pérdidas humanas, incluyendo pacientes que no pudieron acceder a atención médica debido a los bloqueos. Además, se han reportado episodios violentos vinculados a la presencia de personas armadas, como en San Julián, donde varios policías y civiles resultaron heridos por disparos. Organizaciones radicales han difundido en redes sociales videos de grupos encapuchados portando armas.
Estado de excepción en discusión
Frente a la persistencia del conflicto, diversos sectores afectados demandan al Gobierno la declaratoria de estado de excepción para garantizar el orden y promover el diálogo. La Asamblea Legislativa ya aprobó una ley que regula esta figura constitucional y se espera la promulgación presidencial para su implementación.
Mientras tanto, el país permanece en una encrucijada entre la búsqueda de solución pacífica y la confrontación con fuerzas que, según el Ejecutivo, pretenden socavar las bases democráticas construidas en Bolivia.
