Bolivia alcanza el quincuagésimo día de un conflicto social que mantiene bloqueadas varias vías sin que exista acuerdo para su levantamiento. El sector privado advierte sobre un impacto económico significativo, anticipando una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 5%. En este escenario, las tensiones internas emergen durante el cuarto intermedio del diálogo; el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó molestia ante las exigencias planteadas por la Central Obrera Boliviana (COB), mientras que el dirigente Mario Argollo respondió a sus declaraciones pidiendo no obstaculizar las negociaciones.
El proceso de diálogo permanece estancado. Desde su reanudación hace dos días, no se registran avances ni retrocesos significativos, aunque tampoco una ruptura formal. El presidente Rodrigo Paz afirmó ayer que las conversaciones avanzan “de buena manera”, pero reconoció que no hay acuerdos concretos, dado que la mesa con la COB no se ha vuelto a convocar. Paralelamente, sectores campesinos en La Paz muestran divisiones y las pérdidas económicas continúan acumulándose en varias regiones del país.
En este contexto, Mario Argollo, principal representante de la COB, demandó una amnistía para todas las personas detenidas o procesadas por actos de violencia durante las protestas. Por su parte, el Ejecutivo condiciona la continuidad del diálogo al levantamiento total de los bloqueos. Al cierre de la jornada de ayer, ni la COB ordenó desbloquear las carreteras ni el Gobierno retiró los procesos judiciales contra los detenidos, tema en análisis por las autoridades legales, según declaró Lupo en una entrevista concedida al programa “Otra Noche” de la periodista Sissí Áñez, del grupo EL DEBER.
Las prolongadas movilizaciones afectan gravemente a los sectores público y privado. Estimaciones empresariales calculan que el conflicto podría reducir en al menos un 5% el PIB anual. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cifra en aproximadamente 2.700 millones de dólares las pérdidas acumuladas, a las que se suman cuantiosos daños económicos en otros sectores productivos.
A pesar de las diferencias, tanto el Gobierno como la COB coinciden en la importancia de mantener el diálogo abierto. Lupo destacó que la continuidad de las conversaciones fue posible tras la retirada por parte de la dirigencia sindical de la demanda de renuncia presidencial, calificando esta exigencia como incompatible con la democracia y un obstáculo para el diálogo. Sin embargo, rechazó la solicitud de liberar a todos los procesados por hechos violentos y criticó la pretensión de que cualquier decreto o ley sea previamente consultado con la COB. “No se va a cogobernar con nadie. Si alguna organización pretende normar de esa forma, debe someterse a elecciones”, afirmó el ministro, declaraciones que generaron la reacción de Argollo.
El líder sindical negó intenciones de cogobernar y consideró tales afirmaciones como provocativas, destinadas a “echar leña al fuego” y obstaculizar las negociaciones. Informó además que abogados de la COB y fiscales revisan los casos legales de los procesados.
Datos de la Defensoría del Pueblo indican que, durante los 50 días de protesta, aproximadamente 360 personas fueron arrestadas. La mayoría fue liberada, pero 103 permanecen con procesos o detención preventiva en ciudades como La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Algunos detenidos han optado por procedimientos abreviados, recibiendo condenas de tres años de prisión y posteriormente solicitando perdones judiciales para evitar la cárcel.
En el ámbito legislativo también se manifestaron rechazos a la condición impuesta por la COB. Diego Ávila, presidente del Senado, declaró a EL DEBER que quienes cometieron delitos durante las movilizaciones deben responder ante la Justicia. Por otro lado, el diputado Édgar Zegarra, del partido Libre, confirmó la denuncia penal contra Argollo y otros representantes, incluidos el senador Nilton Condori y dirigentes de la Federación Túpac Katari. “No voy a descansar hasta que se haga justicia y se sancione a quienes promovieron los bloqueos que han causado dolor a nuestro pueblo”, afirmó categóricamente.
Hasta el cierre de esta edición, los equipos jurídicos de ambas partes continuaban trabajando mientras que, entre los campesinos de La Paz, se intentaba convocar a las bases para alcanzar una decisión definitiva.
