El oficialismo garantiza transparencia y amplia consulta en todos los proyectos de ley estructurales. Por su parte, la oposición cuestiona el procedimiento y argumenta que la condición fundamental es realizar modificaciones constitucionales que brinden seguridad jurídica a las inversiones.
Con la conclusión próxima del proceso electoral subnacional, también se acerca la fecha límite estipulada por el Ejecutivo para presentar los proyectos de ley orientados a una reforma profunda del Estado. Estos documentos serán remitidos en los días siguientes a la Asamblea Legislativa para su análisis y posible aprobación.
Tanto el presidente Rodrigo Paz como el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, confirmaron de manera independiente que el paquete legislativo está concluido y aborda temas esenciales como hidrocarburos, inversión extranjera, minería, régimen tributario y medioambiente.
“Esta semana mantuve reuniones con la mayoría de los ministros; ya recibimos las leyes sectoriales. Las presentaremos de manera pública para evitar cualquier sospecha de falta de transparencia. Serán iniciativas abiertas para la discusión con todos los actores involucrados”, aseguró el mandatario.
Paz detalló que entre los proyectos destacan reformas en el ámbito energético —incluyendo hidrocarburos y energías renovables—, además de propuestas relacionadas con inversiones, regulación financiera, régimen fiscal y minería, junto a medidas destinadas a la protección ambiental.
“La Ley de Hidrocarburos es clara. Debe atraer capital y tecnología, y generar beneficios para el pueblo boliviano. Lo mismo aplica para la legislación minera”, afirmó el jefe de Estado, quien indicó que ya inició un proceso de consulta con representantes del sector minero.
En ese sentido, comparó el rendimiento del sector extractivo en países vecinos, señalando que Chile moviliza cerca de 65.000 millones de dólares anuales en minería y Perú alrededor de 50.000 millones, mientras que Bolivia alcanza aproximadamente 6.000 millones. “¿Por qué no podemos lograr cifras comparables con participación estatal y privada?”, preguntó.
Respecto al componente ambiental de las reformas, Paz indicó que es fundamental equilibrar desarrollo económico y cuidado ecológico. En este marco, mencionó una conversación con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizando la necesidad de combinar inversión con protección ambiental.
Asimismo, se incluye el proyecto de ley sobre el litio, que según Roberto Castro ya fue elaborado por el Ejecutivo y está en revisión para su posterior debate legislativo. “Contaremos con leyes sobre inversión, litio, minería y energías alternativas”, adelantó el presidente de Diputados.
Castro indicó que estos proyectos se remitirán tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para iniciar el proceso de debate como cámaras de origen. Este trámite se efectuará en los próximos días y tras Semana Santa se informará cómo se abordará cada iniciativa en comisiones y comités correspondientes.
“Después de Semana Santa tendremos claridad sobre las tareas específicas. Incluso coordinaremos con ustedes, periodistas, las sesiones para que las distintas comisiones legislativas analicen estas leyes”, precisó.
Frente a este panorama, el diputado Carlos Alarcón sostuvo que el requisito indispensable para implementar estas reformas estructurales es modificar al menos 18 artículos de la Constitución Política. Entre ellos citó los artículos 319, 320, del 351 al 359, 361, 362, 363 y 366, entre otros.
“Estas disposiciones constitucionales demandan ajustes para garantizar seguridad jurídica y económica a las grandes inversiones extranjeras que contribuirán al desarrollo de nuestros recursos naturales y energéticos, sacando a Bolivia del atraso en que nos sumió el MAS durante dos décadas”, señaló Alarcón.
La reestructuración propuesta por el Gobierno busca incentivar las inversiones en sectores estratégicos, un área que fue limitada durante la gestión del MAS, caracterizada por la estatización de la economía.
El reformulado Presupuesto General del Estado 2026 será debatido en mayo con las nuevas autoridades
El proyecto reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026 se postergará al menos unas semanas después de la posesión de los nuevos gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales, informó Roberto Castro, presidente de la Cámara de Diputados.
El legislador explicó que el retraso responde a la necesidad de que todas las entidades públicas presenten sus respectivos presupuestos.
“No solo el Ejecutivo presenta presupuesto, hay que esperar a las gobernaciones y alcaldías, algunas de las cuales están en proceso de transición, como Potosí y Pando”, detalló Castro, agregando que el tiempo para tratar el PGE dependerá de cuándo se entreguen esos documentos.
Esto implica que la aprobación se postergará varias semanas tras el 3 de mayo, fecha en que asuman sus cargos las nuevas autoridades regionales.
Desde la oposición se muestra escepticismo frente a este retraso y anticipan que gobernaciones y municipios deberán operar durante 2026 con los recursos asignados por la administración de Luis Arce antes de su salida del poder.
