El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reiteró su rechazo a que un profesional oriundo de otro departamento presida el directorio de ENDE Valle Hermoso, sumándose a la postura del gobernador Leonardo Loza y generando una nueva oleada de críticas públicas. Juristas advierten sobre posibles implicaciones penales derivadas de un discurso basado en el origen regional para acceder a cargos públicos.
La controversia creció tras la oposición conjunta de Reyes Villa y la brigada parlamentaria cochabambina al nombramiento de Zvonko Matkovic, cruceño designado como presidente del directorio de ENDE Valle Hermoso. El alcalde argumentó que no está de acuerdo con que alguien de otra región ocupe ese cargo, posición que despertó cuestionamientos inmediatos debido a que el propio Reyes Villa nació en La Paz y ha sido elegido alcalde de Cochabamba en varias ocasiones.
Expertos legales han señalado que este tipo de declaraciones pueden constituir delitos relacionados con racismo, discriminación e instigación pública. El abogado y exfiscal Joadel Bravo indicó que la promoción de conductas discriminatorias está tipificada en el Código Penal y resaltó la contradicción implícita en que un político sin raíces locales excluya a otros por su lugar de nacimiento.
Asimismo, el abogado cochabambino Carlos Bellot enfatizó que exigir que la dirección de ENDE sea exclusivamente para cochabambinos representa un acto discriminatorio que vulnera la legislación vigente. Subrayó que, tratándose de un cargo técnico, el único criterio válido debe ser la idoneidad y experiencia profesional, no el origen geográfico.
En un análisis similar, el exministro de Hidrocarburos Johnny Nogales advirtió que establecer el lugar de nacimiento como requisito para cargos públicos fragmentaría el país y fomentaría divisiones regionales. Afirmó que cualquier objeción al nombramiento de Matkovic debe basarse en criterios técnicos y no en su procedencia, recordando que las empresas estatales representan a toda la nación, no solo a un departamento.
Desde Santa Cruz, Lorgio Fernando Parejas, presidente de la Brigada Parlamentaria, defendió el derecho constitucional de todos los bolivianos a ocupar funciones públicas en cualquier región y llamó a superar divisiones departamentales. En contraste, Marco Gómez, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, instó a dejar de lado posturas discriminatorias y respaldó la gestión de Matkovic, atribuyendo las críticas a intereses políticos más que a razones técnicas.
Por su parte, Zvonko Matkovic prefirió no alimentar la polémica y descartó responder a las críticas sobre su designación. Este episodio subraya la persistencia de tensiones regionales en la política boliviana y plantea un debate sobre la integración y el respeto al mérito profesional por encima del lugar de origen.
