El exmandatario Luis Arce también denuncia que todas las peticiones realizadas por su defensa han sido desatendidas, incluyendo la solicitud para someterse a exámenes médicos prescritos por un cardiólogo.
El expresidente boliviano Luis Arce Catacora remitió una carta pública desde el Penal de San Pedro, en La Paz, donde permanece detenido, en la que denuncia violaciones a sus derechos humanos y una persecución política en su contra.
Asimismo, advirtió que su salud está en peligro al no permitírsele realizar los exámenes médicos necesarios.
En el documento fechado el 31 de marzo de 2026, manifiesta su seria preocupación por las presuntas acciones que “afectan principios fundamentales garantizados en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”.
“Durante el proceso iniciado por el gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes de mi defensa legal han sido ignoradas, incluida la reciente petición para someterme a exámenes médicos indicados por un cardiólogo, poniendo en riesgo mi bienestar y mi integridad física, y vulnerando mis derechos”, señala parte de la carta difundida en las redes sociales del exmandatario.
Arce también denuncia que fue privado de libertad el 10 de diciembre de 2025 sin que existiera una orden judicial de detención, lo cual califica como un “secuestro ilegal”.
Además, asegura haber sido víctima de tortura psicológica y que se han tomado fotografías y videos en el patio del penal sin su consentimiento.
El exjefe de Estado exige respeto a la ley y la imparcialidad de jueces y fiscalía, sin presiones políticas ni institucionales por parte del Gobierno, y sostiene que las acciones en su contra “constituyen una represalia y un pretexto para ocultar la incapacidad y corrupción del actual Ejecutivo”.
“Hago un llamado a las autoridades competentes para que actúen conforme a la Constitución Política del Estado, la legalidad y los principios de justicia, y que se detenga el mecanismo de persecución política, mediática e institucional destinado a desacreditar, restringir y vulnerar derechos fundamentales”, concluyó Arce.
