El Gobierno ejecuta el «Plan San Alberto» para resguardar las instalaciones estatales, mientras se avanza en las investigaciones y se activan seguros para compensar a los usuarios afectados.
Ante los recientes casos de contaminación de carburantes (combustibles de uso masivo como la gasolina o el diésel), el Gobierno nacional puso en marcha el denominado «Plan San Alberto». La medida implicó la movilización de 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas hacia 16 plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en distintos puntos del país.
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, explicó que tropas especiales y soldados están a cargo de asegurar el perímetro de los complejos para evitar el ingreso de personas no autorizadas. Esta fuerte intervención se da tras una denuncia formal de la propia empresa estatal por un presunto sabotaje (daño intencional para perjudicar el servicio o la producción).
“Se han desplazado 1.500 efectivos en 16 plantas en los principales departamentos del país”, confirmó el ministro Salinas, aclarando que el resguardo se mantendrá el tiempo que sea necesario hasta frenar cualquier tipo de amenaza a la cadena energética.
De forma paralela al operativo de seguridad, desde el ámbito legislativo se impulsa una auditoría (revisión técnica y minuciosa) que evalúa toda la ruta logística, desde que el combustible es importado hasta que llega a los surtidores. Las autoridades han remarcado que la militarización es estrictamente preventiva, a la espera de que los procesos penales identifiquen a los culpables de las fallas.
Para hacer frente a las molestias ocasionadas a transportistas y conductores particulares, se ha habilitado un sistema de registro digital. Mediante esta plataforma se reciben las denuncias ciudadanas con el fin de gestionar mecanismos de seguro que logren cubrir los perjuicios mecánicos y económicos causados por el producto defectuoso.
