El Comité y los sectores productivos anunciaron manifestaciones y concentraciones en oposición a la disposición séptima del PGE, sin afectar el funcionamiento de la ciudad. El Comité pro Santa Cruz especificó que el paro convocado para el 10 de febrero será movilizado y no cívico, lo que implica que no habrá bloqueos, cortes de ruta ni interrupciones totales de actividades. La protesta, organizada por diversos sectores productivos, empresariales, gremiales y de transporte, se opone a la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la cual, según señalan, abre la puerta a la posible confiscación de bienes privados.
Fernando Larach, presidente saliente del Comité pro Santa Cruz, ratificó el apoyo cívico a esta medida, pero aclaró que la ciudad no quedará inactiva. “El directorio del Comité decidió respaldar y participar activamente en las manifestaciones del lunes. Sin embargo, esto no implica un paro cívico con bloqueos ni restricciones para quienes deseen seguir con sus actividades. Se trata de un paro movilizado, lo que significa que los sectores en oposición dejarán de trabajar y saldrán a las calles a expresarse”, detalló.
Marchas sin interrupciones
Según el plan, la movilización comenzará a las 8:00 en la Plaza del Cementerio, desde donde los participantes marcharán hacia varios puntos del centro de la ciudad. A las 16:00 está prevista una concentración final en la avenida Brasil, cerca del mercado ferretero.
“No habrá bloqueos en caminos ni intersecciones, tampoco piquetes de protesta que obstruyan el libre tránsito. La ciudad seguirá operando con normalidad, excepto en las áreas de movilización, donde podría haber un ligero congestionamiento”, afirmó Larach en una entrevista televisiva.
El Comité también hizo un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones, ya que el tráfico en el Casco Viejo de la ciudad podría verse afectado. “Los sectores movilizados no laborarán y estarán en las calles manifestando su rechazo a la norma aprobada por el Gobierno, pero el resto de la población podrá continuar con sus actividades cotidianas sin problemas”, subrayó el líder cívico.
Sectores que se unen a la protesta
Empresarios, transportistas y gremialistas son parte de los grupos que se sumarán a la movilización. Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), explicó que el propósito es presionar al Gobierno para que derogue la disposición séptima, ya que afecta la seguridad jurídica y genera incertidumbre económica.
“El sector productivo, empresarial y gremial está unido porque este artículo abre la posibilidad de confiscación de bienes privados y crea un ambiente de inseguridad. Exigimos que el Gobierno convoque a la Asamblea Legislativa para su derogación”, manifestó Barriga.
Por su parte, los representantes del transporte pesado anunciaron que no circularán el lunes como medida de apoyo, aunque buscarán no perjudicar el flujo vehicular en la ciudad.
El Gobierno minimiza la protesta
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, rechazó que la disposición séptima permita confiscaciones y acusó a los sectores movilizados de intentar “sabotear la estabilidad económica del país”. Afirmó que el modelo económico no está en crisis y atribuyó la falta de liquidez y la escasez de dólares a un “bloqueo político”.
No obstante, los sectores movilizados insisten en que la norma atenta contra la propiedad privada y aseguran que las protestas persistirán hasta lograr su derogación.