Santa Cruz se movilizó masivamente anoche, con miles de personas marchando desde la plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de Septiembre, portando una enorme bandera verde y blanca que encabezó la Gran Marcha por la Democracia. Esta demostración ciudadana, convocada por la Asamblea de la Cruceñidad, manifestó su respaldo a la continuidad constitucional del presidente Rodrigo Paz, pero exigió acciones urgentes frente a los bloqueos que paralizan rutas estratégicas.
Originado en demandas sindicales y gremiales por salarios, escasez de combustibles y críticas económicas, el conflicto escaló en semanas recientes hacia un enfrentamiento político. Bloqueos instalados principalmente en el occidente del país aislaron a La Paz y El Alto, provocando desabastecimiento de alimentos, medicinas y oxígeno, lo que ha tensionado aún más la delicada situación social.
Frente a esto, el movimiento ciudadano cruceño dio un paso adelante. Participaron 24 sectores cívicos, representantes provinciales y municipales, juntas vecinales y sectores productivos quienes, durante un mitin en la plaza 24 de Septiembre, elevaron sus demandas. El rector de la Uagrm, Reinerio Vargas, advirtió que si el Ejecutivo no actúa, la ciudadanía tomará la iniciativa para desbloquear las vías.
Por su parte, Josué Méndez, líder de la Unión Juvenil Cruceñista, estableció un plazo hasta el domingo para liberar puntos conflictivos como San Julián. En tanto, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, pidió decisiones firmes para restaurar la circulación y evitar que el país siga rehén de estas medidas.
El acto también reavivó viejas reivindicaciones regionales, con Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, anunciando el inicio de una nueva etapa en la defensa de la autonomía y el federalismo, señalando el agotamiento del modelo centralista vigente.
Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, cerró la jornada con un discurso contundente, exigiendo al Gobierno declarar un estado de excepción sectorizado en las zonas críticas y estableciendo un ultimátum: hasta el domingo para despejar todas las vías o la población tomará cartas en el asunto.
“No vamos a permitir que caiga un gobierno elegido democráticamente”, afirmó, dejando claro el compromiso de sostener la institucionalidad mientras demanda el restablecimiento del orden y la provisión de insumos básicos.
En paralelo, expertos como Rafael Archondo advierten que la crisis refleja una compleja red de intereses sindicales y territoriales heredada del anterior régimen, que hoy se revela frente a un gobierno que cumple apenas seis meses.
La situación mantiene al país en vilo, con un tic tac político y social que obliga al Ejecutivo a responder con medidas firmes antes que el conflicto se profundice.
