Freddy Vidovic es investigado por la Fiscalía de La Paz a raíz de una denuncia por usurpación de funciones. El exministro suma este caso a otras acusaciones recientes por venta de cargos y antecedentes por la fuga de un empresario peruano.
LA PAZ .– El entorno más cercano de la Vicepresidencia del Estado vuelve a estar bajo el radar de la justicia. El Ministerio Público de La Paz admitió oficialmente una denuncia penal en contra de Freddy Vidovic, exministro de Justicia y actual asesor de máxima confianza del vicepresidente Edmand Lara. El proceso avanza por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones (ejercer atribuciones o tomar decisiones públicas que no le corresponden por ley), entre otros cargos.
De acuerdo con la documentación del caso, la querella fue sentada por el ciudadano Raúl Alconz M. y fue admitida por las autoridades judiciales el pasado 4 de febrero, dando luz verde al inicio formal de las investigaciones. Sin embargo, este nuevo frente legal es solo el último eslabón en una cadena de cuestionamientos contra la mano derecha de la segunda autoridad del país.
Apenas en enero de este año, Vidovic fue señalado directamente por un candidato a diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El denunciante lo acusó de estar involucrado en una red dedicada a la venta de cargos en entidades públicas, operando bajo un esquema diseñado específicamente para no dejar rastro de las transacciones. Actualmente, la Fiscalía se encuentra analizando si admite o rechaza esta segunda acusación.
A la par de estos nuevos conflictos, el oscuro historial judicial del asesor vuelve a cobrar relevancia. En los estrados judiciales se aguarda una respuesta oficial por parte del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Judicatura respecto a una sentencia ejecutoriada (un fallo judicial definitivo que ya no puede ser apelado ni modificado) de tres años de cárcel que pesa sobre el investigado.
Este antecedente penal se remonta a 2015, cuando Vidovic decidió someterse a un juicio abreviado admitiendo su culpa por los delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activo (ofrecer o pagar sobornos a un funcionario público). En aquella ocasión, el exministro logró evitar la cárcel acogiéndose al perdón judicial, tras verse involucrado en el entramado que encubrió la escandalosa fuga de Martín Belaunde Lossio.
El empresario peruano, que era buscado en su país por graves hechos de corrupción, logró escapar de su detención domiciliaria en La Paz, aunque posteriormente fue recapturado por la policía en el departamento de Beni.
